Aprobada por el Congreso la nueva Ley de Dependencia

Madrid. (Agencias).- El Pleno del Congreso aprobó por una amplia mayoría el proyecto de ley de Dependencia -con el rechazo de CiU, EA y PNV y la abstención de Nafarroa Bai-, un texto que finalmente vuelve a tener en cuenta el patrimonio del usuario para determinar su aportación al pago de los servicios y prestaciones. En palabras del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la ley beneficiará a más de un millón de ciudadanos.

Al no tratarse de una ley orgánica, el Pleno no votó un dictamen del texto sino las enmiendas por separado a su articulado.

Acabado el debate, al que acudieron numerosos representantes de colectivos y asociaciones de afectados, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que el "amplio acuerdo" y la colaboración de "todos" para aprobar la Ley de Dependencia permitirá que se convierta en el "gran proyecto social de los próximos años" en España.

En vez del ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, Zapatero tomó la palabra en el hemiciclo para defender la ley, que entrará en vigor en enero próximo y que atenderá a más de un millón de personas en situación de dependencia, sobre todo mayores y discapacitados. "Es un proyecto grande, ambicioso, lleno de compromiso en su significado político y social", aseguró el jefe del Gobierno.

Durante el debate, los portavoces de CiU y PNV, Carles Campuzano, y Emilio Olabarría, respectivamente, coincidieron en que la ley invade "masivamente" las competencias autonómicas en asuntos sociales, y auguraron que "tarde o temprano" será corregida en el Tribunal Constitucional o en las Cortes.

De las enmiendas del Senado rechazadas hoy en la Cámara Baja, destaca la referida al patrimonio y renta del usuario para poder determinar la cuota que pagará para acceder a las prestaciones y servicios contempladas en la ley (residencias, centros de día, teleasistencia...). En el Senado, una enmienda del PP eliminó la necesidad de tomar en cuenta el patrimonio para realizar ese cálculo, mientras que en el texto aprobado hoy se vuelve a la redacción inicial del Gobierno.

Al respecto,la portavoz del BNG, Olaia Fernández, expresó su apoyo a que el patrimonio no hubiera computado, porque en la mayoría de las ocasiones el único patrimonio de las personas es la vivienda habitual donde residen.

En parecidos términos, el diputado catalán Campuzano recordó que CiU ha defendido la exclusión de la vivienda habitual del patrimonio de usuario, con la finalidad de "garantizar el acceso de las clases medias" al sistema de dependencia. Con la actual redacción, las clases medias quedan "excluidas" y deberán seguir pagando los servicios de su "bolsillo". Añadió que de no ser por las aportaciones de PNV, EA y CiU la nueva norma no tendría hoy entre sus beneficiarios a los discapacitados intelectuales y a los enfermos mentales.

Por otro lado advirtió de que varias enmiendas socialistas aprobadas hoy propiciarán que "en la práctica" la ley no se aplique a primeros de 2007, ya que se suprimen plazos para crear el Consejo Territorial del Sistema para la Atención a Dependencia y aprobar el desarrollo reglamentario.

La representante de IU-ICV, Carme García, señaló que con esta ley España se convierte en un Estado "moderno y comprometido con las necesidades de la población", que además garantiza la solidaridad, la justicia social y eleva los derechos de los ciudadanos, dijo. "Es una ley progresista y de izquierdas", recalcó García.

Por su parte, la portavoz popular, María Salom, subrayó la mejora experimentada por el texto durante su tramitación en ambas cámaras y recalcó que las 77 enmiendas incorporadas por su grupo en el texto no lo convierten "ni de izquierdas ni de derechas, sino de todos". En cuanto a la financiación, Salom indicó que es "cicatera, pues el próximo año el Gobierno sólo aportará 400 millones de euros, una cifra ridícula"

La diputada socialista Soledad Pérez Domínguez explicó que esta ley ayudará a muchas mujeres -principales cuidadoras de las personas que no pueden valerse por sí mismas- a seguir en el mercado laboral o incorporarse a el. En 2005, dijo la portavoz en Asuntos Sociales del Congreso, "450.000 mujeres abandonaron el puesto de trabajo para atender" a personas dependientes.

Recordó que la financiación correrá a cargo de la Administración General del Estado y de las CCAA -en total más de 25.000 millones entre 2007 a 2015-, junto a la aportación del usuario.

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